Según Daniel Martínez, Coordinador regional de IU, “la iniciativa conlleva el rechazo a cualquier medida de congelación de las pensiones y de reducción de los salarios de los empleados públicos”.

(Toledo, 19 de mayo de 2010). IU de Castilla-La Mancha considera que las medidas que el Gobierno pretende sacar adelante suponen un golpe de Estado del capital financiero contra las conquistas sociales y los intereses de la ciudadanía y no atacan el principal problema de España que es el paro. Además, solo acometen recortes en las rentas de empleados públicos y pensionistas, sin tener en cuenta otras opciones como el aumento de la recaudación. El grueso del ajuste, recortes de salarios de empleados públicos, congelación de pensiones, recortes en dependencia, cheque-bebé y reducción de inversiones, vulneran anteriores acuerdos y pactos sociales, como el Pacto de Toledo, dejando al Gobierno como un agente incapaz de cumplir con lo ya pactado, restándole la poca credibilidad que le queda.

Los recortes salariales que podrían afectar a más de 3 millones de empleados públicos, y la congelación de 5 millones de pensiones, medidas secundadas por el Gobierno regional, añadido a la subida del IVA a primeros de julio, supondrán un recorte del consumo y la demanda, provocando menos actividad, menos empleo, menos recaudación por Seguridad Social e IRPF, y más gastos en prestaciones y subsidios por desempleo, y por tanto más déficit público. Se evidencia lo poco afortunadas que resultan estos recortes para rebajar el déficit público, así como el grave efecto en la recuperación económica que supondrá también el recorte de las inversiones públicas, que como el mismo Presidente de Gobierno reconoció, quitará décimas de crecimiento y retrasará la creación de empleo.

Para Daniel Martínez, “descargar solamente sobre las espaldas de empleados públicos y pensionistas, el grueso del ajuste económico es una tremenda injusticia, mientras los que ha provocado la crisis se van de rositas y se acrecienta la ausencia de políticas de recuperación de fiscalidad progresiva y de lucha contra el fraude y la economía sumergida”. La moción recoge igualmente las alternativas de Izquierda Unida para combatir el déficit público sin necesidad de realizar recortes sociales, consistentes principalmente en recuperar el impuesto de patrimonio, reforzar los mecanismos de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, una reforma fiscal progresiva ( IVA, IRPF y el Impuesto sobre beneficios de las entidades, sociedades e instituciones de intermediación financiera, directivos bancarios) y reorientación del gasto público, hacía el aumento eficiente del gasto social y la inversión productiva.

Por último, Martínez ha querido trasladar el rechazo de su formación política a las intenciones de endurecer las medidas por parte del Gobierno de Barreda, así como el apoyo el apoyo a las movilizaciones sindicales que se han puesto en marcha contra la aplicación del “Zapatazo”.